La Constitución Política del Perú, establece que la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras. El capítulo XII de la Carta Magna, “De la Seguridad y de la Defensa Nacional”, regula una serie de aspectos que son comunes a las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policía Nacional del Perú (PNP), como elementos constitutivos del sistema que instaura.

En agosto 2020, los miembros de la bancada del Partido Morado, con la firma como autores de los parlamentarios Alberto de Belaúnde de Cárdenas, Gino Francisco Costa Santolalla, Daniel Federico Olivares Cortés, Miguel Ángel Gonzáles Santos, José Antonio Núñez Salas y Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, presentaron el “Proyecto de Ley de los Distritos Seguros”, que tiene por objeto precisar los alcances de la cooperación que la PNP debe brindar a las municipalidades en materia de seguridad ciudadana y fortalecer las capacidades de las juntas vecinales en los procesos de evaluación de la prestación de los servicios de seguridad ciudadana, conforme a lo dispuesto por el artículo 197º de la Constitución Política.

El proyecto de ley desarrolla tres ámbitos para concretar la cooperación de la PNP con las municipalidades provinciales y distritales que son: (i) la adecuación de la jurisdicción policial a la jurisdicción política; (ii) la adopción de un plan integrado; y (iii) la participación del alcalde en la selección, así como la evaluación y la remoción del jefe policial provincial de su circunscripción territorial.

El 17 noviembre 2020, el congresista del partido Morado ingeniero Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, ante una crisis política, de acuerdo a la Constitución, asumió la presidencia del Perú en forma transitoria y de emergencia para completar el período a fenecer el próximo 28 de julio y realizar el proceso electoral en marcha, siendo el cuarto ciudadano en ejercer dicho cargo en cuatro años.

El 21 noviembre, Sagasti fue reconocido como Jefe Supremo de las FFAA y PNP, tres días después dispuso el pase al retiro de diecisiete señores generales de la PNP, entre ellos el señor Comandante General de la PNP Orlando Velasco Mujica, quien participó en la ceremonia de reconocimiento. Designó como reemplazo al Nº 18 del escalafón, General PNP César Augusto Cervantes Cárdenas. Esta decisión presidencial, motivó una seria crisis que se agravó el 2 de diciembre ante la renuncia del recién nombrado ministro del Interior Dr. Ismael Rubén Vargas Céspedes, por comprobarse su parentesco directo con terroristas de sendero luminoso.

El nuevo ministro del Interior Dr. José Elice Navarro, a pocos días de asumir funciones, cumpliendo la decisión anunciada por el Presidente de instalar una comisión de bases bajo liderazgo del ministro, expresó que el objetivo será recomendar acciones, en un plazo de sesenta días, para modernizar y fortalecer a la PNP, el proceso de formulación de la propuesta y estrategia de fortalecimiento y modernización de la PNP, así como definir los ejes para ese fortalecimiento y modernización.

La perspectiva del gobierno en relación a la PNP, obviamente está expresada en el proyecto de ley del Partido Morado que tiene como uno de sus autores al entonces congresista Sagasti, quien como presidente transitorio en un gobierno de emergencia, dispuso el indignante pase al retiro de diecisiete Señores Generales PNP, nombró como ministros del Interior a un ciudadano emparentado directamente con terroristas y al actual ministro lo tiene empeñado en una modernización policial a publicarse el próximo febrero, todo ello en un escenario de un país que se desangra por la pandemia, la corrupción, la inseguridad ciudadana, el deterioro económico, la falta de trabajo de la ciudadanía y un proceso electoral lleno de trabas.

Obviamente la institución policial es un elemento fundamental que requiere de estabilidad para cumplir su importante función de orden interno, escenario exacerbado por la deficiente respuesta de las autoridades competentes encargadas de manejar los conflictos en diferentes sectores de la actividad pública, lo que ha originado una escalada de violencia y cierre de carreteras que el gobierno no ha afrontado con firmeza al ordenar limitaciones a la acción policial permitida por la ley, generando con esta inacción una crisis de inseguridad flagrante.

En efecto, es meridianamente claro que se están creando situaciones de inestabilidad innecesarias en instituciones que son sostén del Estado-Nación en la línea de favorecer el globalismo, tal es la lectura de privilegiar acciones administrativas en un gobierno transitorio y de emergencia como el pretendido “Comité Consultivo Ad Hoc de notables” del sector Defensa y el “grupo de trabajo” para modernizar a la PNP. Estamos ante una administración del caos para desvirtuar el proceso electoral y así ganar tiempo para controlar espacios que los conductores del globalismo perciben no están consolidando como lo tenían previsto, pues las tendencias no les son favorables y viene marcando una preocupante posibilidad de fracaso en el camino trazado por los paniaguados de Soros.

PROSPECTIVA 2021 (8/17)

Collage de textos basado en artículos propios y lecturas del autor ensamblados por temas que en forma breve se exponen para enriquecer la visión sobre los acontecimientos del siglo XXI y el panorama del Perú hacia el 2021.