Al llegar el siglo XXI, el Estado, luego de veinte años de lucha haciendo uso legítimo de la potestad constitucional del empleo de las armas, a través de sus Fuerzas Armadas (FFAA), Policía Nacional del Perú (PNP), para la defensa de la Sociedad y el Estado de Derecho, con el concurso de un grupo de autoridades locales, asociaciones de múltiples poblados, rondas campesinas, comités de autodefensa y patriotas de diversas comunidades, logró pacificar el país al combatir y vencer a los terroristas genocidas, capturando a sus cabecillas y varios miles de seguidores, sometiéndolos a los correspondientes procesos judiciales bajo condición de carcelería. En el ámbito externo el Ejecutivo consolidó los límites de la frontera norte mediante el “Tratado de paz de Brasilia, Ecuador-Perú”, firmado en 1998; el país vivía en aquel entonces un auspicioso y saludable proceso de recuperación económica acompañado de condiciones de seguridad interna y ciudadana con tendencia a estabilizarse. El Perú con el sacrificio y sangre de muchos compatriotas construyó esa sólida plataforma de futuro que le auguraba un promisor porvenir. En los siguientes veinte años vividos, sucedieron una serie de hechos promovidos por una comunidad de ciudadanos peruanos que auspician, independiente de su ideología de izquierda o derecha, el proceso denominado “globalización”, que pretende dominar el mundo implantando un gobierno único –obviamente el propio- para lo cual deben debilitar los estado-nación, trasladando funciones que le son propias a los organismos internacionales, asociaciones civiles muchas ligadas a otras de carácter internacional especializadas, en derechos humanos, medio ambiente, promoción del aborto, la denominada ideología de género, todo ello en busca del cambio cultural de la familia y creencias tradicionales utilizando la educación y los medios de difusión como herramientas fundamentales para lograr su fin, tomar el poder.

La estructura sobre la cual se inició el proceso de debilitamiento del estado-nación en el Perú tiene origen en diciembre de 2000, cuando bajo la presidencia del Ministro de Justicia, Dr. Diego García Sayán, se conformó el Grupo de Trabajo Interinstitucional, encargado de elaborar propuestas legislativas y administrativas necesarias para el establecimiento de una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el trabajo lo desarrollaron en el marco conceptual de la Justicia Transicional, constituyendo un documento fuente, sobre el cual, vinculado al compromiso de la Pontificia Universidad Católica del Perú con las conclusiones y recomendaciones de la CVR y, en términos generales, con la afirmación de la justicia, la paz y la democracia, fundó, en el año 2004, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP), con la finalidad de desarrollar programas de formación, como cursos y talleres de capacitación, que fueron evolucionando hacia el desarrollo de diplomaturas de estudios y cursos de especialización orientados a distintos actores de la sociedad civil, el Estado, comunidad académica y el sector privado. El Dr. Salomón Lerner Febres presidió la CVR, así como funge de presidente fundador y emérito del Instituto, habiendo integrado temporalmente, en el 2009, la Comisión de Alto Nivel del “Proyecto del Museo de la Memoria” (LUM), como vicepresidente. Los recursos económicos y financieros para poder cumplir con la razón de ser del emprendimiento de este conjunto de personas y organizaciones, son muy importantes al igual que difundir en los escenarios de interés lo que se busca para así captar adeptos que se identifiquen, preparen y actúen en el logro de los objetivos trazados. En tal sentido los escenarios de interés ligados a la línea del multimillonario especulador internacional George Soros, fundador de la “Open Society Foundation” (OSF) y otras entidades, reciben eventualmente financiamiento, tal el caso de grupos de la sociedad civil como la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) fundada por Francisco Soberón Garrido y la Comisión Andina de Juristas (CAJ) de García Sayán, entre otras.

En el Perú Soros solventó en el 2001, parte de la campaña presidencial de Alejandro Toledo, con participación de Gustavo Gorriti del IDL. También apoya a la Academia, diferentes ONGs y otros espacios de interés especialmente ligados a lo mediático (prensa escrita, televisada y radio), así como redes sociales. La globalización está inmersa en el Perú y viene actuando, por lo menos, desde cuatro lustros atrás en función a la organización descrita que, en términos generales, abarca, un nivel conceptual, de conducción y supervisión general a cargo del “think tank”, un espacio académico para la preparación del recurso humano, el área de financiamiento con recursos provenientes de agencias y ONGs internacionales, de los medios que obtienen del Estado y otras fuentes, complementando la red un sistema de difusión compuesto por medios que han ido captando y las redes sociales que pretenden copar.

Es una verdad amarga pero el aparato estatal del Perú tiene un alto rango de copamiento por los globalistas que vienen destrozando el País, a nuestras instituciones y familias, privilegiando la corrupción, manipulando el poder judicial, actuando fraudulentamente con lo “políticamente correcto”, y nosotros los patriotas no estamos dando la batalla como se debe en los espacios de esta guerra política. Un hecho contrastable es que en todos los gabinetes ministeriales lo predominante, con limitadas excepciones, es la presencia de ciudadanos con licenciatura, posgrado, diplomatura y/o especialidades provenientes de una misma universidad, donde la línea que sigue es conocida ampliamente, en tal sentido los cargos de los diferentes niveles son otorgados a gente coherente con su visión, ello les permite trazar los lineamientos de conducción para administrar e ir cumpliendo sus objetivos, entre ellos, reorganizar a las FFAA para llevarlas a una estructura de guardia nacional y municipalizar la PNP.

La mayoría de gabinetes en el presente siglo tiene un número importante de ciudadanos provenientes de una misma alma mater en sus diferentes opciones educativas, en el caso del conformado cuando Vizcarra asumió la presidencia en marzo 2017, por renuncia del titular, se observa que de diecinueve carteras, ocho las asignó a profesionales provenientes de la misma universidad, tres fueron de instituciones en las que los titulares se educaron (Defensa, Interior y Relaciones Exteriores), los restantes eran de otros centros de estudios de Lima, excepto tres. Es evidente que la conducción integral del país por parte de los líderes y equipos que lo han administrado en este siglo es un fracaso por el deterioro de los poderes del estado, la falta de autoridad, cesión de funciones a organismos de la sociedad civil nacionales e internacionales, la precaria seguridad ciudadana, la expansión de la corrupción (cuatro de seis presidentes con procesos judiciales), el pésimo manejo de la pandemia del Covid-19 que azota al mundo y nos ubica en los últimos lugares en cuanto a resultados, son muestra de la decepcionante calidad humana y valores de los responsables de trazar y ejecutar la senda del desarrollo socio económico, tarea no cumplida.

Con la gracia de Dios, existen excepciones que honran a quienes por convicción, capacidad e identidad nacional lucharon por el progreso del Perú y no aceptaron imposiciones, a ellos debemos reconocerle mérito y agradecerles. PROSPECTIVA 2021 (6/17) Collage de textos basado en artículos propios y lecturas del autor ensamblados por temas que en forma breve se exponen para enriquecer la visión sobre los acontecimientos del siglo XXI y el panorama del Perú hacia el 2021.